La Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales (AVARM) han denunciado «la problemática que se va a generar» en la Comunidad de Madrid con las nuevas restricciones a los turismos sin etiqueta medioambiental de la DGT por la ampliación en enero de 2024 de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio de Madrid.
Debido a la ordenanza de movilidad sostenible de 2021, «cientos de miles de coches, furgonetas, camiones, autobuses y vehículos industriales que no cuentan con el distintivo ambiental de la DGT, pero pasan regularmente su ITV y cuyos propietarios normalmente tienen bajo poder adquisitivo».
Para hacerse una idea del coste que va a suponer, en diciembre de 2018 se presentó el estudio ‘Impacto en el transporte de las medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades. Aplicación a las restricciones por categoría de motor’, elaborado por investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Los investigadores evaluaron los costes y los beneficios que supondría prohibir que los vehículos considerados más contaminantes no pudiesen acceder al interior de la M-30 a partir de 2025», exponen.
La principal conclusión de este estudio fue «el impacto negativo que dicha medida podría producir en la economía; frente a un cálculo aproximado de 61,8 millones de euros de ahorro, se podrían producir 81,6 millones de coste, con un desequilibrio de casi 20 millones de euros». «La preocupación por la mejora medioambiental es comprensible, pero no puede producirse a costa del crecimiento económico y el desarrollo social», concluyen.