La entrada en funcionamiento de la nueva fase de la Zona de bajas emisiones “Madrid ZBE” (Madrid Total) de 604 km2 supone que desde el 1-1-24, unos 440.000 turismos de residentes en la Comunidad de Madrid que no pagan el IVTM en la capital no van a poder circular por ninguna vía pública urbana de titularidad municipal del municipio de Madrid, con las dificultades que esto va a suponer para llegar a centros de trabajo, hospitales, colegios, guarderías, clínicas veterinarias, comercios, talleres, hostelería, etc…
Esto supone realizar una triple discriminación en los criterios de acceso y circulación: entre propietarios de turismos y de otros vehículos; entre personas que pagan el IVTM en un municipio y los que no lo pagan; y en función de la antigüedad del vehículo.
Si los coches que no pueden circular son los más antiguos y los que sí pueden hacerlo son los más modernos (y los más caros) ¿Se regula la libre circulación de los ciudadanos en función de su renta y patrimonio?
Para muchos autónomos su vehículo es imprescindible para desarrollar su trabajo, y para muchos asalariados es necesario para poder desplazarse en un tiempo prudencial a su trabajo. Estas restricciones al uso del vehículo privado suponen además cientos de horas perdidas de nuestras vidas al año, en las que se pierde conciliación familiar y tiempo personal. Y el tiempo amigos, no tiene precio y no puede recuperarse.
Es interesante recordar que los vehículos son de personas, que muchas viven fuera de núcleos urbanos y necesitan ir a trabajar. No todo el mundo puede ir a trabajar en transporte público porque no todo el mundo vive en lugares con autobuses, metro o cercanías a una distancia y con horarios razonables, y el plan de crear aparcamientos disuasorios en la periferia por parte del Ayuntamiento (gobernado por el Alcalde que iba a acabar con Madrid Central y eliminar las restricciones) lleva años paralizado.
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