Esta es una de las conclusiones extraídas de la XXII edición del Encuentro Ciudadano con la Movilidad, donde expertos y abogados tachan de falsa la justificación de la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en España en base a imposiciones de directivas europeas.
¿Nos han engañado o se ha realizado una interpretación interesada de las normativas que, supuestamente, obligaban desde Europa a implantar Zonas de Bajas Emisiones en España? Esa puede ser una duda hoy en día, pero la realidad es que se acerca 2025 y hasta más de 150 ciudades españolas, todas las de más de 50.000 habitantes, así como los territorios insulares y las poblaciones de más de 20.000 habitantes con incumplimientos en materia de calidad del aire, tienen que poner ya en vigor sus nuevas restricciones circulatorias a las que obliga la Ley del Cambio Climático aprobada en España.
El impacto de esta medida va a ser enorme, teniendo en cuenta que hoy solo el 22% de estas ciudades, es decir, 33, ya tienen sus Zonas de Bajas Emisiones activas. Eso sí, en ellas ya las restricciones son muy importantes, afectando en muchas no solo a vehículos sin etiqueta medioambiental, sino también a coches con etiqueta B y, próximamente, incluso a los de etiqueta C, que representan la gran mayoría del parque español actual en circulación.
Con el objetivo así de debatir sobre el impacto de estas áreas ZBE obligatorias, Bilbao acogió la semana pasada la celebración de la XXII edición del Encuentro Ciudadano con la Movilidad, un evento organizado por el RAC Vasco Navarro y que contaba con la colaboración de Pons Mobility, Arag y Caser Seguros. Y allí expertos y abogados han cargado contra la implantación de una medida que va a afectar a miles de conductores y familias en nuestro país.
Europa establece recomendaciones, no imposiciones de Zonas de Bajas Emisiones
Quizá una de las conclusiones más importantes extraídas de este encuentro ha sido, como hemos avanzado al inicio, la falsa interpretación realizada sobre una directiva europea que supuestamente obligaba a activar estas Zonas de Bajas Emisiones. El abogado Francisco Lopez Lera ha sido tajante al asegurar que, desde una perspectiva jurídica, “es erróneo y falso justificar la implantación de las ZBE, y en los formatos que proponen los Ayuntamientos, en base a una supuesta imposición por parte de Europa ya que la directiva europea establece una serie de recomendaciones y principios pero no imposiciones”.
El experto jurídico ha confirmado que “la norma o directriz europea recoge que es necesario elaborar planes de calidad del aire, donde hagan falta verdaderamente (en base a supuestos y circunstancias reales demostrables). Si no es necesario no deben establecerse teniendo en cuenta que afecta a sectores y genera desigualdades”. Asimismo ha matizado que esta directiva europea incluye términos como “los municipios podrán” que no significa lo mismo que “deberán o tendrán la obligación de…”.