Torrelavega, 1 agosto.- La Plataforma Salvar Torrelavega considera que la aprobación express de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) -la primera que se pone en marcha en Cantabria- empuja al precipicio de la ruina a la ciudad, a su actividad productiva, comercial y de hostelería, con el único objetivo de aumentar la recaudación para las arcas públicas a través de las multas que se impondrán a los ciudadanos de Torrelavega y de otros municipios.

La ordenanza ha sido aprobada este pasado martes por el pleno municipal con el único apoyo del equipo de gobierno PRC-PRC y de Torrelavega Sí, mientras que el resto de formaciones (PP, Vox e IU Podemos) la han rechazado o abstenido criticando que no se adecúa a las características medioambientales de Torrelavega o a que perjudicará a amplios sectores económicos locales.

El portavoz de la Plataforma, Angel Herreros, destaca que el texto aprobado es «una de las ordenanzas más sancionadoras de España», lo que puede dar lugar a un gran perjuicio para el propio Ayuntamiento cuando se están conociendo la cascada de fallos judiciales muy recientes contra las ZBE mal aplicadas, como son los casos de Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Esplugues o los recursos anunciados contra el de Santa Cruz de Tenerife, sumadas a los fallos judiciales del área metropolitana de Barcelona, la suspensión en Gijón o en Burgos, por citar algunos casos destacados.

Herreros recuerda que Torrelavega será el único municipio que, además de los 200 euros por circular dentro de la zona de bajas emisiones, aplicará un recargo del 30 % a los reincidentes, y también será pionero en multas de otros 200 euros a los conductores que aparquen dentro del área delimitada.

Además, considera que en Torrelavega, con unas condiciones ambientales hasta 5 veces mejores que la norma europea, con esta ordenanza se estará fomentando que a los más de 200.000 clientes que tiene el comercio y la hostelería local de Torrelavega como referencia, pasen de largo y vayan a centros comerciales, a Santander capital o a otros municipios sin ZBE.

Para el portavoz de la Plataforma, la aprobación de la ordenanza se ha hecho «con nula empatía» hacia los sectores que sustentan la economía local, en contra de la actitud de otros municipios que lo han hecho «con extrema cautela» como Bilbao o Zaragoza, donde la ZBE se aplica solo de lunes a viernes hasta las ocho de la tarde.

También cita el caso de Salamanca que no comenzará a multar por la ZBE hasta el 2029, y eso que este municipio tiene hasta más de tres veces de contaminación que Torrelavega, miles de plazas de parking muy céntricos y no se verá afectados por obras en autopistas y lo peor para Torrelavega, un soterramiento de trenes de FEVE, largo, complejo y muy caro. 

Rechazo del comercio y la hostelería

Por otra parte, Herreros resalta que, pese a la aprobación express de la ordenanza ZBE, sigue siendo «tanto o más necesario que antes» que el comercio y la hostelería manifieste su rechazo a la imposición de la zona de bajas emisiones en las condiciones que pretende el Ayuntamiento.

Este rechazo se visibiliza en el mantenimiento de los carteles que desde hace meses centenares de comercios han colocado en sus escaparates, para que los clientes vean que se sigue abogando por su acceso al centro de Torrelavega con las menores restricciones posibles, y evitándoles las altas sanciones que pretende el equipo PRC-PSOE.

Destaca que no va ligada a ninguna medida facilitadora de la movilidad urbana, como la creación de plazas de aparcamientos disuasorios; no recoger las particularidades del municipio en materia de buena calidad ambiental; el excesivo carácter recaudatorio de la misma y no incluye del preceptivo análisis de impacto económico y social

Torrelavega, 2 mayo de 2024.- La Plataforma Salvar Torrelavega ha presentado más de una decena de alegaciones contra la propuesta de ordenanza que pretende regular el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al no ir ligada a ninguna medida facilitadora de la movilidad urbana, como la creación de suficientes plazas de aparcamientos disuasorios; no recoger las particularidades del municipio en materia de buena calidad ambiental; el excesivo carácter recaudatorio de la misma y no incluye del preceptivo análisis de impacto económico y social.

El documento de alegaciones ha sido registrado este jueves antes de que finalice el plazo de exposición pública de la propuesta de ordenanza, y se pondrá a disposición de comerciantes, empresarios, profesionales, autónomos, trabajadores y ciudadanos en general por si quieren registrarlas a su nombre o que les sirvan de base para elaborar las suyas propias.

Entre las alegaciones se incluyen varias relacionadas con las deficiencias técnicas observadas en el texto de la propia ordenanza como en la propuesta de delimitación de la zonas de bajas emisiones, entre ellas la falta de rigor y las irregularidades detectadas en el preceptivo estudio del tráfico, en el relativo a la caracterización de la contaminación atmosférica y las emisiones de ruidos, entre otras.

El portavoz de la Plataforma, Angel Herreros, ha explicado que la propuesta de ordenanza está “viciada en origen” hasta que sean resueltos los contenidos de las alegaciones presentadas a la delimitación de la ZBE, ya que  la ordenanza está directamente basada en la memoria y el proyecto redactado por la empresa catalana DOYMO por encargo del Ayuntamiento.

A su juicio, uno de los aspectos más destacados es que se revela en la características técnicas de las nueve cámara adquiridas y previstas para controlar los accesos a la ZBE es que son además radares para multar los excesos de velocidad en las calles instaladas donde ésta está situada entre los 20 y los 30 kilómetros por hora.

También las alegaciones ponen de manifiesto el «desprecio» que demuestra el Ayuntamiento hacia los ciudadanos y visitantes, al prever multar los 365 días al año, 24 horas al día, cuando el estudio preliminar de DOYMO planteaba como más que suficiente sancionar de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas.

Para Herreros, esta circunstancia prueba el «ansia y el objetivo recaudatorio» de la ordenanza, ya que además prevé penalizar a los reincidentes con un recargo del 30 % añadido a la inicial multa de 200 euros por acceder de forma no autorizada a la ZBE, pues incluso está prevista otra multa de 200 euros si los vehículos aparcan en la zona restringida.

Por ello, el portavoz de la Plataforma resalta que las alegaciones de Salvar Torrelavega proponen que en ningún caso se multe mientras no estén terminados las obras de los dos parking y el soterramiento ferroviario, dado el caos que se provocará en la ciudad por la pérdida de plazas de estacionamiento, lo que disuadirá a visitantes y compradores de acceder a Torrelavega.

 Importante irregularidad al medir el tráfico

Uno de las aspectos de las alegaciones hace mención a la «importante irregularidad» que se ha detectado, consistente en que los datos de aforo de vehículos utilizado para la delimitación de la ZBE se han hecho en calles que no están afectadas por las restricciones y tampoco incluyen los fines de semana, lo que para Herreros «invalidaría» la ordenanza.

Similar situación se produciría en las mediciones de la contaminación acústica, que se han hecho en calles de Torrelavega que no están afectadas por la delimitación de la ZBE, lo que vulneraría «de manera muy severa» el contenido del Real Decreto que establece las zonas de bajas emisiones.

Varapalo a las nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que llegarán a las localidades de más de 50.000 habitantes durante el 2023. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha tumbado la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Gijón al no contener una memoria económica y, por lo tanto, anula las restricciones de circulación y aparcamiento en la ciudad a los vehículos más antiguos que carezcan de la etiqueta medioambiental de la DGT.

Gijón fue una de las primeras ciudades en aplicar la nueva ley de las ZBE. De hecho, su normativa era de las más exigentes. Obligaban a todos los vehículos a portar la pegatina de la DGT para acceder al centro de la ciudad y quien incumplía esta norma se exponía a una multa de 90 euros. Una cantidad excesiva teniendo en cuenta que en Barcelona no se multa o en Madrid solo asciende la sanción a 20 euros.

Pese a ser una ley a nivel nacional, las ZBE quedan reguladas bajo la ordenanza municipal. Es decir, cada ayuntamiento decidirá las cuantías de las sanciones y las restricciones que impondrá a los vehículos más contaminantes. Los conductores deberán saber que la multa que sí o sí deben imponer los consistorios es la relacionada con entrar sin permiso a una Zona de Bajas Emisiones. Se sanciona con 200 euros. En cambio, llevar visible o no la pegatina de la DGT quedará en manos de los ayuntamientos.

La sentencia del TSJA no solo supone un varapalo para Gijón, sino que puede suponer una advertencia para el Gobierno de Sánchez. Si el Ayuntamiento recurre esta sentencia será el Tribunal Supremo quien deba fijar una posición definitiva sobre la viabilidad de la ley de las ZBE. Y un fallo en línea con el TSJA haría tambalear la norma. Por el momento, en la ciudad asturiana quedan suspendidas estas medidas de inmediato.

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