Mientras en Francia las ZBE solo iban a implantarse en ciudades de más de 150.000 habitantes, con sanciones de apenas 68 €, en España padecemos un castigo tres veces más salvaje: se imponen en municipios desde 50.000 habitantes y con multas de 200 €. Una desproporción indecente, diseñada por políticos que desprecian la realidad económica de su propio pueblo.

Es un agravio intolerable. Nos comparan con Europa para justificarse, pero cuando miramos los hechos la vergüenza es insoportable. Alemania, el corazón industrial del continente y con problemas reales de contaminación, solo aplica restricciones en 78 ciudades muy concretas. Si se siguiera el criterio español, allí serían más de 300. ¿Quién puede defender semejante disparate?

Y todavía más humillante: Polonia, Chequia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Grecia y Portugal, todos juntos, no suman ni 10 ZBE. Países con mayores niveles de contaminación que España protegen la movilidad y la economía de sus ciudadanos, mientras aquí se nos condena como delincuentes por utilizar nuestros propios coches.

¿Hasta cuándo vamos a soportar que nos arruinen? Ahora comienzan incluso a multar a vehículos con etiqueta B, lo que dejará fuera de la circulación hasta al 70 % de los automóviles. Familias enteras quedarán atrapadas, negocios cerrarán y ciudades medianas quedarán vacías.

El Gobierno y los alcaldes actúan como si el dinero naciera en los árboles, pero el fruto de sus imposiciones es el empobrecimiento de todos. Este atropello no es política medioambiental: es un saqueo disfrazado de ecologismo. Y si no lo frenamos, nos arrastrará a la ruina colectiva.

Más info en http://www.asboc.es/2025/07/francia-da-marcha-atras-elimina-las.html?m=1