Cada vez es más frecuente conocer nuevas sentencias que demuestran la CHAPUZA de la implantación de las ZBE y que intentan evitar se siga produciendo un daño irreparable para las personas y las familias más vulnerables (más de un 35% a nivel nacional), que no tienen posibilidad de asumir cuantiosos gastos en coches híbridos o eléctricos.
Estas sentencias aunque llegan tarde también están limitando el daño irreparable a comercios, hostelería, profesionales, autónomos y trabajadores, que ha sido provocado por políticos con falta de sensibilidad y competencia, cegados por unas ayudas europeas que resultan “ridículas”, frente a los millones de pérdidas que provocan sus erróneas decisiones, en beneficio de las grandes superficies de los extrarradios de todas las ciudades y en mayor medida de aquellas menores de 150.000 habitantes.
El castigo judicial a la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona (ZBE) ha sido absoluto. En primera instancia, fue el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que tumbó las restricciones en marzo de 2022 al considerar excesivas las limitaciones planteadas por la ordenanza municipal barcelonesa encargada de regular la medida.