Los coches más contaminantes no solo tienen el acceso restringido a zonas delimitadas en 151 ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes. En cuestión de meses también estarán obligados a pagar un peaje para poder circular por determinadas áreas urbanas.
De momento, lo que está en vigor desde enero del 2023 —en mayor o menor grado, según la implicación de cada ayuntamiento— es el veto de entrada a las denominadas zonas de bajas emisiones que afecta a todos los vehículos que no tienen etiqueta medioambiental —pronto comenzará a hacerlo también sobre los que tengan la pegatina B—. Pero ahora el Gobierno ha abierto finalmente la puerta a nuevos peajes urbanos para poder circular en las zonas acotadas.
Esta medida impositiva lleva tiempo en el calendario del Gobierno, que ahora definitivamente la ha incluido en el nuevo proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobada esta semana en Consejo de Ministros y que en breve pasará al Congreso de los Diputados, para su entrada en vigor en la segunda mitad del año, según los tiempos que maneja el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Según el anteproyecto, serán los propios ayuntamientos los encargados de levantar estos nuevos peajes urbanos para reforzar las restricciones al tráfico en las zonas de bajas emisiones obligatorias: «Los municipios que así lo deseen pueden introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en la zona de bajas emisiones», dice textualmente.