El coche eléctrico fracasa: las ventas se desploman, las baterías presentan obsolescencia programada y muchos concesionarios ya no aceptan estos vehículos ni como forma de pago. A pesar de ello, los políticos siguen empeñados en imponer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que penalizan precisamente a quienes no pueden permitirse cambiar de coche.
Mientras Francia ha paralizado sus ZBE por considerarlas injustas con las clases trabajadoras, en España se siguen aplicando sin ofrecer alternativas reales de movilidad, ignorando el impacto sobre familias, autónomos, comerciantes, hosteleros, mayores y personas vulnerables.
En Torrelavega, la indignación es aún mayor. Los vecinos ofrecieron al alcalde Javier López Estrada y a sus socios (PRC-PSOE y Torrelavega SI) varias soluciones legales y sensatas que respetaban la ley sin castigar a la ciudadanía y la actividad socioeconómica. Fueron despreciadas una tras otra.
Ni siquiera han querido suspender las multas mientras no finalicen las obras del soterramiento de FEVE, en una ciudad con unas condiciones medioambientales extraordinarias. Ante semejante atropello, este PRC-PSOE nos ha obligado a acudir a los tribunales.
Nos enfrentamos a una ZBE desproporcionada, injusta y recaudatoria, impuesta bajo un falso ecologismo que no protege el medioambiente, sino que ataca a quienes menos tienen. Si no se rectifica, será recordada como uno de los mayores fracasos políticos y sociales del siglo XXI.