La puesta en funcionamiento hace casi dos años de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha convertido en un verdadero caos el tráfico en las ciudades en las que ya están activas. Los conductores no terminan de conocer cuáles son las prohibiciones reales a la circulación, algo que acaban pagando con multas de 200 euros.
Por si esto fuera poco, cada una de las ciudades con más de 50.000 habitantes que hay en España tiene la obligación de desplegarlas desde principios de 2023, algo que sólo han hecho un 20 % de las mismas.
Y lo peor de todo es que el reglamento creado por el Gobierno que da respaldo legal al despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones deja en manos de los ayuntamientos su desarrollo y aplicación.