Obstinados y sin escuchar a nadie, nuestro ayuntamiento sigue adelante con su proyecto de Zona de Bajas Emisiones, cuya delimitación todavía no está aprobada.

Pero sigue adelante, sin importarle lo que opinen los ciudadanos y los comerciantes,  intentando adjudicar el control de la zona mediante cámaras que nos costarán a todos, por el momento, más de 740.000 euros.

Mientras tanto ni se ha dignado considerar alguna de las opiniones de la Plataforma, ninguna de las dos propuestas presentadas para, entre todos, poner en marcha una Zona de Bajas Emisiones menos lesivas para la ciudad y el tejido productivo (comercio, despachos profesionales, autónomos….).

Y tampoco respondiendo a nuestra propuesta (hecha por escrito en el Registro Municipal) para mantener un debate público con el alcalde, con el fin de despejar ante los comerciantes de la ciudad las muchas dudas que genera este proyecto.

Lo dicho: cero diálogo pero imposición absoluta.