El desastre que ha supuesto la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Getafe, gestionada por el Ayuntamiento del PSOE, es un espejo donde Torrelavega debería mirarse con máxima urgencia. Multas a vehículos autorizados, errores administrativos clamorosos, indefensión total de los ciudadanos, hosteleros, profesionales y comerciantes, e incluso personas con discapacidad sancionadas a pesar de contar con permisos válidos. Una gestión caótica que ha colapsado la confianza de los vecinos en su Ayuntamiento.
Todo ello por una razón sencilla pero gravísima: falta de personal, falta de preparación y falta de planificación. El propio Ayuntamiento de Getafe reconoció que se necesitaban al menos ocho personas para tramitar autorizaciones, recursos e incidencias. Sin embargo, solo dos funcionarios sobrecargados asumieron el peso de un sistema tan complejo como sensible , con consecuencias devastadoras para decenas de miles de personas.
¿Qué cabe esperar entonces en Torrelavega, una ciudad con menos recursos técnicos, económicos y humanos? ¿Cómo va a garantizar nuestro Ayuntamiento del PRC-PSOE los derechos de decenas de miles de residentes, empadronados, comerciantes, hosteleros, clientes y trabajadores que cada día acceden al centro urbano?
La respuesta es clara: no puede garantizar nada, y eso es inaceptable.
Se avecina una tormenta perfecta de indefensión jurídica, confusión administrativa y pérdida de confianza ciudadana, justo en un momento de gravísima fragilidad para el comercio y la hostelería local. Los errores que en Getafe han derivado en cientos de sanciones indebidas y recursos paralizados, en Torrelavega podrían acabar expulsando definitivamente a nuestros más de 200.000 visitantes , en un municipio que depende desesperadamente de su presencia para sobrevivir.
Además, igual que en Getafe, nuestra ordenanza se ha elaborado sin estudio del impacto económico y sin diálogo real con los sectores afectados, mientras el Ayuntamiento se limita a seguir ciegamente un calendario sancionador impuesto desde los despachos, y no desde la realidad de las calles.
La experiencia de Getafe nos demuestra que una ZBE mal gestionada no solo no mejora la calidad del aire, sino que envenena la convivencia y destruye el tejido económico y social del centro urbano . En Torrelavega, ese riesgo es aún mayor por nuestra dependencia del comercio, la hostelería y los profesionales de cercanía, la falta de transporte público eficaz y las inminentes obras del soterramiento del tren, que ya colapsarán la movilidad.
Estamos a tiempo de frenar esta ruina anunciada. Si no se suspenden las multas, si no se dota al sistema de recursos y garantías reales, la ZBE de Torrelavega será un fracaso aún más estrepitoso que el de Getafe. Y esta vez, no habrá excusas.
Por eso es indispensable implantar la moratoria a las multas de la ZBE hasta el final de la obra de FEVE.
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