La ZBE de Tarragona es el espejo exacto del atropello que se sufren por su mala implantación.
En una ciudad saturada por las emisiones del puerto y las industrias petroquímicas —verdaderos responsables de la contaminación—, el Ayuntamiento decide señalar al coche del trabajador, del autónomo y de la familia humilde.
Mientras las chimeneas industriales siguen impunes, se levanta un muro de sanciones, cámaras y castigo económico. El ciudadano es el culpable fácil.
En Torrelavega ocurre lo mismo: se criminaliza la movilidad cotidiana y se arruina al comercio, la hostelería y los profesionales locales bajo el disfraz de una falsa “sostenibilidad”. No hay estudios reales, solo propaganda.
Las ZBE no limpian el aire: ensucian la verdad. Sustituyen la justicia ambiental por una recaudación, con miles de multas, disfrazada de ecologismo, por eso pedimos una moratoria a las sanciones hasta el final de la obra de FEVE.
Nuestra demanda ante el TSJC, cuyo fallo es inminente, puede ser el punto de inflexión. Si la justicia vuelve a hablar, caerán los muros de mentira que sostienen esta injusticia disfrazada de verde.
