La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el último recurso del Ayuntamiento de Valladolid, y anula el plan de tráfico aprobado en su día obligando al Consistorio a devolver las multas, lo que supone cerca de 500.000 euros.
La anulación del decreto supone que la totalidad de las sanciones impuestas y recaudadas por el ayuntamiento con ocasión de la implantación de esta regulación, ya declarada radicalmente nula, “han de ser reintegradas a sus interesados, sin excusa ni dilación alguna”.
Además, alega que la falta de estudio económico sosegado y la consustancial falta de audiencia a las empresas y vecinos usuarios de esas vías y por tanto afectados puede sustentar, incuestionablemente, las oportunas reclamaciones por responsabilidad patrimonial.
Recordar que el decreeto que regulaba la movilidad en la ciudad, cuyas sanciones ahora se anulan, fue aprobado en 2020 siendo alcalde el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.
Varapalo judicial a la peatonalización que proyectó el anterior Ayuntamiento de Barcelona comandado por Ada Colau en la capital catalana. La titular del juzgado contencioso administrativo número 5 ha ordenado al Consistorio revertir las obras de la calle de Consell de Cent, prácticamente acabadas en este momento. La asociación de comerciantes Barcelona Oberta llevó el proyecto a los tribunales.
La conversión de esta céntrica vía barcelonesa -cruza gran parte del Eixample, por paseo de Gràcia o Rambla Catalunya- en un «eje verde» sin coches fue el proyecto bandera de Colau durante el pasado mandato, una actuación enmarcada en la iniciativa Superilla Barcelona.
Lo ocurrido en Barcelona debería servir de ejemplo a los políticos y gestores que aún persisten en la implantación agresiva de la ZBE y como “aviso a navegantes”, de que en esta ocasión el daño que están infringiendo NO LES SALDRÁ GRATIS!!
Aunque se devolviesen los más de 30 millones de euros de las sanciones ilegales impuestas por la ZBE en Barcelona, el daño económico real supera varios cientos (si no son miles) de millones de euros, debido al “lucro cesante” (pérdida de patrimonio por un perjuicio ocasionado por un tercero = Ayto Barcelona).
¿Como se restaura la pérdida de facturación a los comerciantes, hosteleros, despachos, consultas y servicios de profesionales liberales, por evitar que sigan acudiendo al centro del área metropolitana y como se consigue una vez cambiados los hábitos de compra y ocio de los que se han beneficiado los grandes centros comerciales, para que esos clientes vuelvan otra vez a sus suministradores habituales, máxime cuando ya muchos de ellos han cerrado su actividad arruinados por la falta de facturación?
Vemos que la Plataforma Salvar Torrelavega no está sola. Hay muchas ciudades que comparten nuestra visión de las que unas zonas de bajas emisiones mal planificadas pueden arruinar el comercio.
La base de la oposición en Jaén es que la medida no suponga limitación de accesibilidad de la ciudadanía a determinadas zonas de la ciudad, puesto que, según la patronal, «afectaría, sin duda, a la actividad comercial».
Comercio Jaén considera que sistema de ZBE establecido por la Unión Europea «deja libertad de establecimiento» a las corporaciones locales con más de 50.000 habitantes y «ya han sido muchos los ayuntamientos que se han opuesto a las mismas», entre otros, Valladolid, Santander, Castellón, Elche, Murcia o Gijón, decisiones que, explican, «están siendo avaladas por sentencias de los tribunales».
Así actúan nuestro Ayuntamiento. Por la puerta de atrás y a la chita callando están implantado regulaciones del tráfico en zonas de Torrelavega -qué curioso que la haga la empresa catalana DOYMO con unos costes altísimo-. mientras el diálogo y la sensibilidad hacia la situación que viven los sectores económicos (comercio, despachos profesionales, hostelería….) es ninguna. Cero diálogo, Imposición y falta de información. Así son nuestros munícipes en Torrelavega.
Burgos es el último ejemplo de ciudad que hace los deberes con la Zona de Bajas Emisiones, para no ahogar la actividad económica de muchos negocios. Y Torrelavega, ¿qué hace? NADA.
Plegarse a las propuestas de la empresa catalana DOYMO y sus intereses económicos, e intentar imponer una ZBE desmedida y sin ningún tipo de consenso que arruinará a una gran parte del comercio de la ciudad. Y además se pretende hacer coincidiendo con la necesaria, pero larga obra del soterramiento que generará un caos enorme en todo el ámbito del centro urbano de Torrelavega.
Nueva reunión informativa de la Plataforma en esta caso con profesionales liberales y despachos profesionales, sanitarios (médicos, psicólogos, odontólogos, farmacéuticos, enfermería, podólogos, logopedas, fisioterapeutas, ópticos…), abogados, gestores, dministradores de fincas, agencias Inmobiliarias, arquitectos…
Recogiendo la misma indignación por la actitud del Ayuntamiento de falta de información veraz sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y también la misma preocupación ante los efectos que tendrá la medida sobre la ciudad y todo el sector comercial y económico.
El grupo de profesionales asistentes no ha agradecido la información y el trabajo realizado hasta ahora por la Plataforma, y no ha brindado su apoyo en las acciones que estamos llevando a cabo para, entre todos, lograr Salvar Torrelavega.
Tan solo dos de los 350 diputados que forman parte del Congreso tienen en su garaje un coche eléctrico. Ni el presidente del Gobierno, ni el líder de la oposición podrían entrar en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con su coche particular; sí podría hacerlo la ministra para la Transición Ecológica que caba de comprar un etiqueta ECO
Consejos vendo y para mi no tengo, dice el refranero español en una de sus muchas sabias afirmaciones que bien podría ser una reinterpretación del más conocido en casa del herrero, cuchillo de palo… ¿Por qué decimos esto? Porque desde el Gobierno son muchos los mensajes y normativas para que usemos vehículos más eficientes, pero tan solo dos diputados tienen un coche eléctrico en sus garaje.
Estamos siendo objeto de muchas represalias por decir la incómoda verdad de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Primero, nos arrancan algunos de los carteles que hemos distribuido estos días; después nos vilipendian en redes sociales como causantes de un desprestigio para la ciudad.
Y ahora también llaman en redes sociales a no comprar en los comercios que colocan los carteles (Tenemos pruebas de ello).
Luchamos contra un ayuntamiento y su entorno que se considera en posesión de la verdad. Pero ahí seguimos firmes porque estamos convencidos de que tenemos la razón, que una mala ZBE nos puede arruinar y cerrar muchos comercios.
Obstinados y sin escuchar a nadie, nuestro ayuntamiento sigue adelante con su proyecto de Zona de Bajas Emisiones, cuya delimitación todavía no está aprobada.
Pero sigue adelante, sin importarle lo que opinen los ciudadanos y los comerciantes, intentando adjudicar el control de la zona mediante cámaras que nos costarán a todos, por el momento, más de 740.000 euros.
Mientras tanto ni se ha dignado considerar alguna de las opiniones de la Plataforma, ninguna de las dos propuestas presentadas para, entre todos, poner en marcha una Zona de Bajas Emisiones menos lesivas para la ciudad y el tejido productivo (comercio, despachos profesionales, autónomos….).
Y tampoco respondiendo a nuestra propuesta (hecha por escrito en el Registro Municipal) para mantener un debate público con el alcalde, con el fin de despejar ante los comerciantes de la ciudad las muchas dudas que genera este proyecto.
La Plataforma Salvar Torrelavega ha iniciado una campaña informativa entre los comerciantes, hosteleros, profesionales liberales, autónomos y pymes del municipio, con la distribución de 1.500 carteles bajo el lema «Una mala Zona de Bajas Emisiones (ZBE) nos arruinará», para visibilizar el rechazo a los planes del Ayuntamiento de delimitar un área restringida al tráfico tan amplia como la propuesta.
El portavoz de la Plataforma, Ángel Herreros, indica que los carteles se colocarán en las puertas o escaparates de los comercios, con el objetivo de llamar la atención de la Corporación de Torrelavega sobre la «enorme preocupación» que genera al sector la implantación de una ZBE que no se adapta a las características de la ciudad, ya sea por extensión -el ayuntamiento quiere restringir el tráfico en más de 200.000 metros cuadrados del área urbana-, o por el tipo de cliente que realiza sus compras o gestiones en el municipio, sobre todo cuando es de fuera con un vehículo sin etiqueta y que será sancionado con 200 euros.
Con esta medida, también se pretende que los comercios llamen la atención de los políticos y muestren su rechazo a una medida «no consensuada» y cuyos efectos se desconocen, ya que desde el Ayuntamiento no se han escuchado ninguna de las dos propuestas presentadas para incorporar mejoras en la ZBE, que además reducen el área afecta a las calles peatonales.
Ángel Herreros asegura que con los carteles también se pretende llamar la atención de la ciudadanía y de clientes de la comarca ante la «total falta de información» sobre cómo afectará a todos la ZBE, una medida que, explica, «puede llevar a la ruina o al cierre» de muchos establecimientos comerciales y de hostelería.
Debate público Herreros recuerda que la Plataforma todavía no ha recibido respuesta a la solicitud presentada por escrito el 26 de octubre, para mantener un debate público con el alcalde, Javier López Estrada, ante el sector comercial, para contrastar las opiniones encontradas al respecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), dadas las discrepancias que existen al respecto.
Explica que este debate ayudaría a «despejar las dudas, incertidumbres e inquietudes» que a los comerciantes y empresarios de Torrelavega les genera la ZBE tal como está planteada por el Ayuntamiento, en especial con una delimitación territorial que se considera ««excesiva» y por la falta de información al respecto.
Asegura que la propuesta municipal, según los datos que ha podido reunir, «causaría enormes perjuicios» a los comercios, pymes, hostelería, profesionales liberales, autónomos y trabajadores, radicados en la ciudad de Torrelavega, que en conjunto suponen cerca del 29 % del PIB de la ciudad.
Alegaciones El portavoz de la Plataforma recuerda que se han presentado alegaciones a la Zona de Bajas Emisiones propuesta por el Ayuntamiento porque el estudio técnico que la sustenta «carece de rigor», carece de preceptivo informe socio económico e incumplir hasta 28 criterios del Real Decreto.
