El artículo aclara que las impopulares medidas que acompañan a las ZBE, no vienen directamente de Europa. Ha sido el gobierno de España el que para “coger”1.500 millones de euros, ha metido a los municipios de más de 50.000 habitantes, de manera muy precipitada “en este lío”.
Todos los ayuntamientos tienen mucho margen de maniobra para que al inicio, las áreas ZBE sean más pequeñas afectando a menos calles, sobre todo cuando sus niveles de emisiones son tan extraordinariamente bajos como en Torrelavega, acompañándose de normas más flexibles que solo afecten en horarios restringidos de lunes a jueves, liberando fiestas patronales y navideñas, evitando sancionar hasta tener operativos los dos parkings en altura y que la obra de FEVE esté totalmente finalizada, contribuyendo así a la movilidad de los empadronados y de los más de 200.000 que nos visitan y consumen de otros municipios.
Hace ya meses que los españoles nos hemos aprendido el mantra de que las Zonas de Bajas Emisiones son responsabilidad de Europa, que es quién obliga a dejar en las cunetas a millones de vehículos sin etiqueta que ya no deben estar en circulación y que debemos sustituir por coches eléctricos.
Pues bien, ni una cosa ni la otra son ciertas, vamos a desarrollar la realidad que hay tras este escudo que utilizan los políticos para echar balones fuera y no asumir as responsabilidades.
Balones fuera
Para poner en contexto la historia, conviene viajar a 2008, cuando la Unión Europea emite la directiva 2008/50/CE de 21 de mayo, que incluye una serie de recomendaciones para que las ciudades comunitarias reduzcan sus emisiones bajo la amenaza de multas por incumplirlas. Establece también unos objetivos medioambientales compatibles con la salud de los europeos.
Esa directiva se ha ido afinando con el paso del tiempo hasta el punto de establecer unos baremos realmente bajos de emisiones para las ciudades europeas.
Tras la epidemia de la Covid, Bruselas ideó la figura de los fondos de recuperación Next Generation, unas ayudas destinadas a la renovación tecnológica del Viejo Continente desde una perspectiva ecológica, adoptando el concepto de los automóviles cero emisiones (que no tienen por qué ser eléctricos) e invitando a los países a tomar medidas en este sentido.
La UE no tiene la culpa
La Unión Europea ha ligado esas subvenciones a las emisiones de los países, eso es cierto, pero en ningún caso ha hablado de Zonas de Bajas Emisiones ni de dispositivos excepcionales que prohíban la circulación de determinados tipos de vehículos. De hecho Bruselas deja en mano de los países miembros estas decisiones.
Digamos que la UE se ha limitado a establecer unos objetivos medioambientales, premiando con millones de euros en subvenciones a los países que los alcancen, mientras que los que no los logren no los tendrán.
Estas subvenciones llegarán hasta los ayuntamientos, que deben cumplir con los límites de emisiones si quieren recibirlas, por ello en caso de no apostar por el crecimiento de las zonas peatonales y el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta es muy posible que no cumplan los objetivos propuestos.
De hecho en la Unión Europea hay unas 1.000 ciudades de grandes dimensiones que podrían haber desarrollado ZBE según el criterio español, y a día de hoy sólo 320 las has creado, pues existen otras soluciones.
En manos de los ayuntamientos
En España el Gobierno tradujo esta directiva en 2021 en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que obligaba a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones y lo recomendaba a las de 20.000.
Así, dejaba en manos de los consistorios las limitaciones específicas a las circulación y creaba a través de la DGT un marco legal que permitía multar a los conductores que las incumplieran con 200 euros.
Un auténtico Fuenteovejuna en el que cada uno debería asumir sus responsabilidades, que recaen fundamentalmente sobre Gobierno y ayuntamientos. Lo que todos olvidan citar es que la UE habla de una transición justa, algo que no se está cumpliendo.
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