La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el último recurso del Ayuntamiento de Valladolid, y anula el plan de tráfico aprobado en su día obligando al Consistorio a devolver las multas, lo que supone cerca de 500.000 euros.

La anulación del decreto supone que la totalidad de las sanciones impuestas y recaudadas por el ayuntamiento con ocasión de la implantación de esta regulación, ya declarada radicalmente nula, “han de ser reintegradas a sus interesados, sin excusa ni dilación alguna”.

Además, alega que la falta de estudio económico sosegado y la consustancial falta de audiencia a las empresas y vecinos usuarios de esas vías y por tanto afectados puede sustentar, incuestionablemente, las oportunas reclamaciones por responsabilidad patrimonial.

Recordar que el decreeto que regulaba la movilidad en la ciudad, cuyas sanciones ahora se anulan, fue aprobado en 2020 siendo alcalde el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

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