Se vienen tiempos complicados para la gran mayoría de los Ayuntamientos de España, que están presionados por la necesidad de implantar nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tras la orden que en su día, año 2023, emitió el Gobierno y que fue aprobada en la nueva Ley de Cambio Climático. Con la misma, más de 100 consistorios se ven en la obligación de ponerlas en marcha lo antes posible, pues el Ejecutivo ha puesto el verano como fecha tope para que todas estas grandes urbes las activen. Si no lo hacen, no podrán acceder a las nuevas ayudas estatales al transporte público.

Desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) se se hace referencia a la decisión de Francia de eliminar todas las áreas con restricciones de circulación en el país al considerar la Asamblea Nacional que “penalizaba a los hogares con bajos ingresos”, argumentos que defienden en este club respecto a España. 

Desde el RACVN se considera que la medida es “clasista y perjudica especialmente a los hogares con ingresos más bajos”, que no pueden adquirir vehículos nuevos menos contaminantes.

Desde este club alegan en sus recursos “la falta de proporcionalidad de las restricciones y el ataque que suponen a un derecho fundamental como es el de la libertad de movilidad”. Por ello piden ayuda para que en las ciudades “se utilice el sentido común, den marcha atrás a sus proyectos y no engañen a la población, ya que la Unión Europea no obliga a poner las ZBE, sino a tomar medidas contra la contaminación”. Como se puede observar, el conflicto está en plena ebullición.

Más info en