Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es una medida que afecta a 150 ciudadesespañolas, todas las de más de 50.000 habitantes, y su desarrollo legal recae sobre los ayuntamientos, pues el Gobierno ha delegado en ellos la responsabilidad total de su puesta en funcionamiento.
Un caos real
Esto esta trayecto los problemas más insospechados, empezando porque a día de hoy ni siquiera la mitad de estas 150 ciudades las tiene en activo, una circunstancia contra la que poco puede hacer el Gobierno.
Y mientras unas ponen en funcionamiento sus prohibiciones a la circulación, aunque algunas demuestran que sí existen alternativas, porque no hay un mecanismo real de sanciones más allá de la cancelación de las subvenciones que manda la Unión Europea dentro de los fondos Next Generation para la transición ecológica y la reactivación económica tras el Covid.
Menos subvenciones
Hay incluso algunos ayuntamientos ‘antisistema’ (en el buen sentido) que no quieren entrar por el aro de las bajas emisiones. Badalona y Gijón se encuentran a la cabeza de ellos, con decisiones polémicas que básicamente anulan su funcionamiento.
En el caso de Gijón, la alcaldesa de Foro Asturias Carmen Morillón heredó de la socialista Ana González un modelo de ZBE que impedía a los coche sin etiqueta aparcar en el centro de la ciudad en las zona de estacionamiento regulado. El plan incluía prohibir la circulación total de estos coches en 2026.
Su suerte fue que poco antes de las elecciones una sentencia judicial recurrida por la alcaldía socialista dejaba en suspenso las Zonas de Bajas Emisiones, por lo que Morillón se limitó a retirar el recurso presentado entonces por el PSOE.
Albiol y Badalona
En el caso de Badalona, el alcalde del PP Xavier Albiol anunció directamente que no las pondría en funcionamiento, pero una dura polémica con la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera le obligó a desarrollarlas, pero con una moratoria en su puesta en funcionamiento que finaliza en 2024.
Este mismo año ha confirmado que las pondrá ya en funcionamiento pero sólo afectarán a un 15 % de la ciudad y no multarán.
Badalona se enfrenta a la devolución de 2,5 millones de euros de los fondos Next Generation si es sancionada por Bruselas.
Castellón ha pedido una moratoria hasta 2025
Por último otras ciudades como Castellón y su alcaldesa Begoña Carrasco han pedido una moratoria en su aplicación, en este caso hasta 2025 para concluir antes un reordenamiento urbano.